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- La ley de Dependencia empuja a la mujer al cuidado familiar
La reforma de la ley de Dependencia puede provocar un efecto boomerang contra las mujeres, al derivarlas implícitamente a los cuidados familiares después de que se haya abierto abrir la puerta a la desprofesionalización de estas labores tal y como está redactado el anteproyecto que acaba de pasar por el Consejo Económico y Social (CES), para que vuelva a ser tramitado como proyecto en el Consejo de Ministros. El dictamen del CES advierte explícitamente sobre el «impacto negativo» que esta norma puede tener «desde la perspectiva de género» por la vuelta a un modelo que vincula esas tareas de cuidados a la voluntariedad de cada hogar. El informe del organismo presidido por Antón Costas, que acaba de ser aprobado esta... Ver Más - Las energéticas temen que la debilidad del Gobierno tumbe el decreto antiapagones
El sector energético en su conjunto contiene la respiración. Se prevé que el próximo martes, 22 de julio, el Congreso de los Diputados aborde el real decreto ley 7/2025 para su convalidación. Se trata, en concreto, de la norma que ha elaborado el Gobierno tras el apagón con el objetivo de reforzar el sistema eléctrico y que no haya problemas en el futuro. Tras la presentación que llevó a cabo hace unos días la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las principales empresas y agentes del sector quedaron satisfechos. Sin embargo, el Ejecutivo no tiene todas consigo , y menos con la relación en estos momentos con sus socios. Según ha podido conocer este medio, Podemos ya habría hecho... Ver Más - Obsesión contra las privadas
El Gobierno no está realmente preocupado por la calidad de las universidades privadas, sino ofuscado con ellas, porque las encaja en ese ideario izquierdista que considera que el interés general es sinónimo de Administración pública y funcionariado. Si en algo se desmarcó la socialdemocracia europea del 'socialismo real' fue, precisamente, la aceptación de que la iniciativa privada podía contribuir al bienestar general , sin entrar en colisión –sino en compatible coexistencia– con los servicios públicos. La reforma universitaria que plantea el Gobierno es una regresión intervencionista, incluso en el modelo de sociedad en su conjunto, no solo en el plano ideológico. Se trata, además, de una actitud reaccionaria expansiva, como demuestra la respuesta del Ejecutivo ante el apagón de abril pasado o los recurrentes caos ferroviarios, en los que siempre busca a las empresas privadas como chivos expiatorios de sus propias incompetencias. Con el relato oficial contra las universidades privadas sucede a - Sánchez podrá vetar las fusiones entre universidades privadas
Pedro Sánchez anunció en marzo que aprobaría una norma para endurecer los requisitos por los que se crea una universidad privada y las tildó de «chiringuitos educativos» . El presidente desató entonces una tormenta en la comunidad universitaria porque, además del tono –la forma–, el fondo del decreto fijaba nuevos vetos que han sido definidos como «arbitrarios» para garantizar la calidad de la educación. Hasta ahora, algunos de los más polémicos eran la exigencia de contar con un mínimo de 4.500 alumnos matriculados o disponer de una oferta académica en grados, máster y doctorados en al menos tres ramas de conocimiento impidiendo la especialización de los campus. Sin embargo, como ha podido saber ABC, hay un último punto del borrador... Ver Más - Contratos indefinidos y despidos programados
Al alza durante los últimos ejercicios, la cifra récord de empleados, por encima ya de los veintidós millones, no es más que el disfraz numérico de una precariedad laboral que contrasta con el triunfalismo obrerista de Yolanda Díaz. El pasado 30 de junio, 198.548 trabajadores fueron despedidos , en esta ocasión como consecuencia del fin de curso escolar, fenómeno que se repite de forma cíclica y por diversos motivos –el 31 de agosto los despidos masivos coinciden con el fin de la temporada alta turística– para conformar un panorama de extrema temporalidad. Los contratos indefinidos son papel mojado cuando más de la mitad de los que se firman apenas llegan al año de duración. Desde enero, más de tres millones de trabajadores se han incorporado de forma 'indefinida' a un puesto del que son expulsados de forma sistemática y en función de la estacionalidad de nuestra economía. Las cifras no engañan, salvo a quien, como Yolanda Díaz y sus sindicatos de clase, las leen a conveniencia de parte.
